Error: Failed to authenticate, please check your email and password. Consejo Profesional de Ciencias Economicas de Santiago del Estero

LEY Nº 6.201

                       

VISTO

La ley  Nacional Nº 24.3606, los Decretos del Poder Ejecutivo Nacional Nº 2.583/93 y  Nº 0.771/94; y,

CONSIDERANDO

Que resulta necesario reordenar el servicio jurídico de la Provincia, centralizando el mismo en la Fiscalía de Estado;

Que se tiene como objetivo lograr un mayor control jurídico, por parte de Fiscalía de Estado, del comportamiento de los servicios jurídicos descentralizados tanto en el trámite administrativo como de las cuestiones judiciales que se susciten, a efectos de optimizar la defensa del erario público, evitando criterios dispares o ajenos al análisis de conveniencia global de la Administración Central;

Que, a su vez, se pretende dinamizar la acción de Fiscalía de Estado procurando para ello extremar los requisitos de idoneidad de sus integrantes;

Que todas estas acciones se encuentran destinadas a preservar el patrimonio provincial atento a la entidad de las reclamaciones que administrativa y judicialmente tiene la Provincia, las cuales resultan desproporcionadas a los recursos fiscales con que cuenta la misma;

Que, a corto plazo y a los efectos de racionalizar el funcionamiento del ente, se autoriza a tranzar, conciliar y concluir, las cuestiones alcanzadas, por consolidación de la deuda y las pendientes de organizamos reestructurados en los términos de la Ley Nº 6.004;

POR TODO ELLO

EL INTERVENTOR FEDERAL DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO

DEL ESTERO SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE

LEY:

Artículo 1º.  La Fiscalía de Estado es un Órgano Superior de asesoramiento jurídico, de defensa y de controlar de legalidad del poder Ejecutivo y de toda la  Administración Pública Provincial, centraliza, descentralizada y autárquica, a fin de asegurar el imperio de la ley y la defensa del patrimonio del fisco.

 

Artículo 2º.   La Fiscalía de Estado constituye la última instancia en materia de asesoramiento administrativo. Su criterio será obligatorio, emitiendo dictamen en forma previa a la decisión o resolución definitiva de los asuntos en que se encuentre controvertida la interpretación o actuación de normas legales. El apartamiento de los funcionarios de la opinión vertida en los dictámenes de Fiscalía de Estado, deberá ser necesariamente fundado.

            Dictaminará una vez terminado el trámite administrativo, previa agregación de los informes definitivos y técnicos correspondientes al organismo que soliciten su pronunciamiento.

            La opinión del La Fiscal de Estado emitida en dictamen, no puede ser sometida a la consideración de otro órgano de asesoramiento jurídico y/o técnico administrativo.

Artículo 3º.   La Fiscalía de Estado quedará integrada de la siguiente forma:

a)      Fiscal de Estado.

b)      Fiscalía de Estado Adjunto.

c)      Procurador del Tesoro.

d)      Direcciones: de Asuntos Administrativos, Constitucionales y Laborales; de Asuntos Judiciales; de Sumarios e Investigaciones Administrativas; de Personas Jurídicas y de Administración Descentralizada.

e)      Secretario General.

f)        Secretarios Técnicos.

g)      Abogados Asesores.

h)      Contador de Fiscalía de Estado.

i)        Personal Administrativo y de maestranza.

Artículo 4º.  El titular de dicho organismo es el Fiscal de Estado, quien tendrá jerarquía ministerial y dependerá en forma directa del Gobernador de la Provincia.

Artículo 5º.    FISCAL DE ESTADO – Funciones:

            El Fiscal de Estado tendrá la representación de la provincia en todo el territorio de la Nación; puede sustituir sus funciones en personal bajo su dependencia, sustitución que será acreditada con la copia simple de la resolución que así lo disponga. El patrocinio en juicio importa  sustitución que durara mientras no sea expresamente revocada y su comparecencia no es obligatoria en audiencia o citaciones, cualquiera fuera el objeto y la naturaleza de los derechos y son sus funciones:

a)      Asesorar al Poder Ejecutivo cuando éste lo requiera en ejercicio de sus atribuciones y deberes de conformidad al artículo 141 de la Constitución de la Provincia.

b)      La atención y conducción centralizada de los servicios de asesoramiento jurídico y representación judicial de la Administración Pública Provincial, organismos descentralizados y entidades autárquicas, empresas del estado sociedades con participación estatal mayoritaria, que administre, controle o tuviere interés patrimonial, debiendo emitir dictamen en todo asunto de carácter administrativo o relacionado con la función administrativa del Estado.

c)      El control de legalidad de los actos y la representación judicial de la Administración Pública Provincial y de los  organismos indicados en el punto precedente y de los demás organismos con capacidad procesal en todo juicio en que se controviertan sus intereses o derechos.

d)      La percepción judicial de los recursos fiscales y de otros créditos, cualquiera fuere su naturaleza, en las que sea acreedor el estado provincial o cualquiera de los entes mencionados en el punto b).

e)      Señalar al poder Ejecutivo la necesidad o conveniencia de propiciar el dictado de leyes, su derogación, modificación o aclaración, como también de decretos y resoluciones conducentes al mejor ordenamiento administrativo legal, interpretando asimismo, las normas legales y reglamentarias para su correcta aplicación.

f)        Requerir en forma directa todos los antecedentes e informes necesarios para los asuntos en que intervenga, a las distintas oficinas públicas provinciales, municipales o nacionales, entes descentralizados o autárquicos.

g)      Intervenir en toda cuestión sobre enajenación, permuta, donación, arrendamiento o concesión de bienes del Estado o de servicios públicos.

h)      Participar en la concertación, interpretación, rescisión o anulación de contratos celebrados por la provincia, así como en todo acto administrativo que puede generar obligación del Estado de indemnizar o en el que exista interés patrimonial o fiscal comprometido, interviniendo en todas las transacciones judiciales o extrajudiciales que se propongan.

i)        Intervenir y dictaminar en la creación o modificación de órganos y entes de la administración, considerando su adecuación al ordenamiento legal de la provincia y de la nación.

j)        Proponer al Poder Ejecutivo la designación, ascensos y remuneraciones de personal de Fiscalía de Estado y de todo el personal profesional letrado de los organismos públicos centralizados, descentralizados y autárquicos. Conceder licencias e imponer sanciones disciplinarias correctivas, según las prescripciones legales establecidas para el personal de la Administración Pública.

k)      Proyectar anualmente el presupuesto de gastos e inversiones de la Fiscalía de Estado.

l)        Emitir circulares a todas las reparticiones de la Administración Pública Provincial para velar por el exacto cumplimiento de todas las leyes y decretos de la nación, de la provincia y ordenanzas municipales.

m)    Dirigir y supervisar los sumarios administrativos, asumir en los mismos las funciones que las leyes determinen e investigar los hechos en los que puedan resultar afectados los derechos de la provincia y de los entes que comprende la presente Ley.

n)      La intervención y toma de razón previa a su publicación, de las leyes sancionadas y de los actos administrativos que se dictaren.

 

Artículo 6º.  El Fiscal de Estado no es recusable pero si se hallare comprendido en las causales de interés o parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado o segundo de afinidad, deberá apartarse remitiendo las actuaciones a su reemplazante legal.

 

Artículo 7º.  El Poder Ejecutivo y los titulares de los entes mencionados en el art. 5º inc. b) comunicaran al Fiscal de Estado las demandas promovidas contra la Provincia, acompañando los antecedentes y dando las instrucciones o proponiendo según su caso las medidas para contestarlas o para iniciar acciones en nombre de la misma.

 

Artículo 8º.  El Fiscal de Estado deberá ser notificado directamente en su despacho de toda acción judicial en donde se controviertan intereses de la provincia o de los entes enumerados en el art. 5º inc. b), en horas hábiles de oficina; ello sin perjuicio de la necesaria notificación directa al ente u organismo demandado. Asimismo el Fiscal de Estado y la representación fiscal serán notificados por cedula, en su domicilio legal y en horas hábiles de oficina, de toda resolución, decreto, providencias o sentencias.

            El incumplimiento a lo establecido en el presente dispositivo acarreará la nulidad de los actos procesales pertinentes.

 

Artículo 9º.  El Fiscal de Estado y todo representante legal del Fisco, deberán interponer los recursos locales ordinarios previstos en todos los casos en que la sentencia sea desfavorable para la provincia o los entes representados, a excepción de los casos en que mediante resolución fundada el Fiscal de Estado, a solicitud del letrado interviniente, dispusiera lo contrario.

 

Artículo 10º.  Los entes enunciados en  art. 5º inc. b), deberán comunicar dentro del plazo máximo de doce (12) horas, al  Fiscal de Estado, toda demanda o acción judicial en la que cualquiera de los mismos sea demandado, debiendo remitir la totalidad de las copias de traslado y antecedentes que tuviere en su poder que resulten necesarias para el ejercicio de la defensa. En caso de que se trate de notificaciones o pedidos de informes cuyos términos sean de dos (2) días o menos, la remisión indicada deberá cumplirse en el plazo de dos (2) horas a partir de la notificación.

 

Artículo 11º.  El Fiscal de Estado podrá disponer la no iniciación de juicios o el archivo de los ya iniciados, cuando el monto del capital a demandar o la planilla de liquidación definitiva sea inferior al que percibe en concepto de asignación total la categoría mas baja del escalafón correspondiente al personal de la Administración Pública Provincial, sin perjuicio de proseguir gestiones administrativas para la percepción del crédito. Si el domicilio o bienes del deudor resultasen desconocidos o infructuosa la búsqueda de este, el Fiscal de Estado podrá limitarse a disponer que se soliste su inhibición.

 

Artículo 12º. En todas las acciones judiciales en donde se controviertan intereses de la provincia o de los entes enumerados en el art. 5º inc. b), deberán promoverse y tramitarse ante los tribunales con sede en la ciudad de Santiago del Estero, cualquiera fuera su monto o naturaleza. A este efecto se considera una sola circunscripción judicial a todo el territorio provincial.

            La excepción de incompetencia que pudieres plantearse como consecuencia del incumplimiento del párrafo anterior, suspenderá los plazos procesales hasta tanto se resuelva la cuestión de competencia en forma definitiva.

 

Artículo 13º.  EXCEPTÚASE a la Provincia y a los entes señalados en el art. 5º inc. b), del pago de cualquier impuesto, tasa o aporte de naturaleza provincial que graven las actuaciones judiciales.

 

Artículo 14º. AUTORÍZASE Al  Fiscal de Estado a designar Martilleros Judiciales y Oficiales de Justicia del Estado a fin de que intervengan en todas aquellas ejecuciones judiciales en donde la provincia y sus entes sean parte. Dichos funcionarios no podrán percibir comisiones, honorarios cualquier otra asignación distintas a las que les fije el presupuesto.

 

 

Artículo 15º. Todo perito propuesto por la representación fiscal deberá ser personal dependiente de la Administración Pública, aún cuando no estuviere inscripto en los registros del Poder Judicial. No percibirán honorarios cuando éstos sean a cargo de la provincia, salvo caso excepcional de que el Poder Ejecutivo determine lo contrario.

            A los fines previstos en esta norma el Fiscal de Estado llevara un registro anual de funcionarios que deben desempeñarse como peritos.

 

Artículo 16º. Los profesionales dependientes  de Fiscalía de Estado, acreditarán su personería con la copia del decreto de su designación, que será autenticado con su propia firma.

 

Artículo 17º. Los profesionales de Fiscalía de Estado a excepción del Fiscal de Estado y del Fiscal de Estado Adjunto, tendrán el libre ejercicio de la profesión, quedándoles absolutamente prohibido representar o patrocinar a litigantes contra la Provincia, Nación o Municipio, o contra cualquiera de los entes mencionados en el art. 5º inc. b), cualquiera fuera su jurisdicción, e intervenir en gestiones judiciales o extrajudiciales, cuando se controviertan intereses de los mismos, salvo que se trate de intereses personales, de sus ascendentes, descendientes o cónyuge.

 

Artículo 18º. El Fiscal de Estado, el Fiscal Adjunto y los demás profesionales mencionados por esta Ley que actúen o hubieran actuado en las funciones asignadas, no tendrán derecho a percibir honorarios de sus representados cuando hubiere sido condenada en costas.

 

Artículo 19º. CREASE el Fondo Común de distribución de honorarios que se integrará con los que se perciban de la parte contraria vencida en costas en todo tipo de juicios. El Fiscal de Estado dictará una resolución reglamentaria de distribución de los honorarios y de funcionamiento de dicho Fondo.

 

Artículo 20º. La contratación de abogados externos, ajenos a la planta de la Administración Pública, podrá ser efectuada baja prestación de granita suficiente para su actuación, la que será determinada por resolución fundada del Fiscal de Estado.

            Dichos profesionales no podrán, en ningún caso, percibir de la Administración Pública honorarios devengados en los juicios aún cuando ésta haya sido condenada en costas.

 

Artículo 21º. El Fiscal de Estado Adjunto deberá reunir las siguientes condiciones: treinta (30) años de edad como mínimo, y cinco (5) años de ejerció activo de la profesión o la judicatura.

El Fiscal Adjunto colabora con el Fiscal de Estado sustituyéndolo cuando éste así lo resuelva en todos los asuntos de su competencia mencionados en el art. 5º y en todas aquellas funciones que el Fiscal de Estado le indique.

El Fiscal de Estado será reemplazado automáticamente, en caso de ausencia o impedimento temporal por el Fiscal de Estado Adjunto, en defecto de ellos, por el Director que el Poder Ejecutivo designe.

La comparecencia en juicio, como el patrocinio a los profesionales dependientes de Fiscalía de Estado, podrá asumirse indistintamente por el Fiscal de Estado o el Fiscal Adjunto.

 

Artículo 22º. El Procurador del Tesoro deberá reunir las mismas condiciones que se exigen para el Fiscal de Estado Adjunto. Sin perjuicio de su intervención directa en casos especiales, ejercerá el patrocinio letrado en todo juicio o gestión relacionada con la percepción judicial o administrativa de los recursos fiscales y de otras deudas, cualesquiera fuera su naturaleza, en las que sea acreedor el Estado Provincial.

            Intervendrá en los juicios sucesorios para la determinación del monto impositivo, conforme lo establezca el código Fiscal. Será parte necesaria en todo proceso concursal, civil y comercial a fin de verificar la eventual existencia de créditos fiscales, debiéndosele correr traslado de las actuaciones.

Dictaminará en los expedientes administrativos vinculados con su función específica que pasaren a su informe pudiendo requerir opinión escrita a los Abogados Asesores, si lo estimare conveniente. Intervendrá en los casos que determinen las leyes, la reglamentación de la presente o le sean encomendadas por el Fiscal de Estado.

Los honorarios percibidos en virtud de las funciones asignadas al Procurador del Tesoro, se regirán por las normas previstas para el Fondo Común que se crea en la presente Ley.

 

Artículo 23º. Los Directores deberán ser designados de entre los miembros de profesionales de la Planta Permanente de la Fiscalía de Estado. Debiendo contar con una antigüedad mínima de cuatro (4) años.

 

Artículo 24º. El Director de Asuntos Administrativos, Constitucionales, Laborales y de   Límites. Tienen bajo su dependencia a los abogados que se le asignen; su función será de asesoramiento en materia administrativa, constitucional, laboral de la Administración Centralizada, procediendo a la distribución entre los abogados de los expedientes que se remitan para su dictamen, controlando la uniformidad de criterios que se sustenten en los mismos, como así su producción en termino, los que deberá visar antes de ser sometidos a consideración del Fiscal de Estado

 

Artículo 25º. El Director de Asuntos Judiciales tiene a su cargo la supervisión de todos los juicios en que la Administración Centralizada, sea actora o demandad y su distribución entre los abogados asesores de su dependencia, los que actuarán bajo su contralor.

El Director de Asuntos Judiciales ejerce el contralor actualizado del estado de cada juicio, organizando los archivos y ficheros necesarios. Deberá reunir todos los antecedentes y elementos de juicio en los casos previstos en el art. 5º inc. h), de la presente Ley. Interviene en actuaciones administrativas que se relacionen con causas judiciales y en aquellas en donde se sustancien actos previos o preparatorios de acciones judiciales.

 

Artículo 26º. El Director de Sumarios e Investigaciones Administrativas tiene a su cargo;

a)      La instrucción y contralor de los sumarios que se ordenen con motivo de hechos, acciones u omisiones que puedan significar responsabilidad patrimonial o disciplinaria con relación al personal de la administración;

b)      Llevara a cabo las investigaciones que se le ordenen de los hechos en que puedan resultar afectados los derechos del estado o los intereses fiscales,

c)      Sin perjuicio de lo antedicho deberá comunicar por escrito al Fiscal de Estado todos los hechos y actos que pudieran afectar los intereses aludidos y susceptibles de investigación, cuando estos lleguen a su conocimiento o tomen estado público.

Artículo 27º. El Director de Administración Descentralizada tiene a su cargo las funciones asignadas en la presente Ley a las direcciones de Asuntos Administrativos, Constitucionales, Laborales y de Asuntos Judiciales con relación a los organismos y entes que integran la Administración Descentralizada y Autárquica. En el cumplimiento de dichas funciones deberá coordinar con el personal profesional letrado de los organismos descentralizados y autárquicos de la Provincia la defensa de los intereses públicos en juicio y la emisión de dictámenes en  los casos de su incumbencia en los términos de la presente Ley.

 

Artículo 28º. El Director de Personas Jurídicas tiene a su cargo el control de los trámites tendientes a la obtención de Personería Jurídica de las instituciones que lo requieran, velando el cumplimiento de los requisitos y extremos exigidos por las leyes y decretos pertinentes. Controlará el cumplimiento de los estatutos de las asociaciones civiles con personería jurídica; verificará sus balances; aconsejará su intervención o la cancelación de su personería jurídica.

Ejercerá el control formal de los requisitos que establezcan las leyes comerciales para las sociedades en los casos que correspondiere y efectuará inspecciones de ellas cuando la Ley lo determine.

 

Artículo 29º.  Las funciones asignadas en los artículos precedentes a las distintas direcciones son sin perjuicio de las tareas o responsabilidades que asigne el Fiscal de Estado en las oportunidades que lo considere necesario o conveniente, pudiendo en casos concretos atribuir funciones diferentes a las preestablecidas, o encomendar la atención de asuntos determinados a cualquiera de los profesionales de su dependencia.

 

Artículo 30º.El Secretario General de Fiscalía de Estado deberá reunir las mismas condiciones, tendrá la misma jerarquía y percibirá idéntica remuneración que los Directores. Serán sus funciones:

a)      Convocar por disposición del Fiscal de Estado al Consejo de Asesores de la Administración Pública, asistir a sus reuniones, labrar y refrendar las actas, expedir testimonios o copias certificadas u otros instrumentos que obren en el organismo;

b)      Sistematizar la Jurisprudencia administrativa y fallos judiciales en materias conexas, informando al Fiscal de Estado sobre toda nueva orientación jurisprudencial;

c)      Es responsable del ordenamiento y actualización de las normas legales en vigencia.

d)      Representará al Fiscal de Estado y a la al Fiscalía de Estado cuando se le encomiende, en todo acto de carácter protocolar, conmemorativo, institucional, cultural o de intercambio al que sea convocado o invitado el organismo o su titular.

e)      Colaborar con los directores en la coordinación de sus respectivas áreas y de las direcciones entre sí.

f)        Tendrá bajo su responsabilidad la administración del Fondo Común de Honorarios que por la presente Ley se instituye.

Artículo 31º. Los Secretarios Técnicos dependen del director del área a la que sean asignados. Deberán ser de la planta permanente de  Fiscalía de Estado, profesionales abogados con una antigüedad mínima de dos (2) años en el organismo.

Cada una de las direcciones estará integrada con una Secretaría Técnica, quien colaborará en las funciones que el Director le indique y cumplirá con las tareas y responsabilidades asignadas en esta Ley a los Abogados Asesores.

 

Artículo 32º. El Consejo de Asesores de la Administración Pública será presidido por  el Fiscal de Estado y estará integrado por el Fiscal Adjunto, los Directores, el Secretario General y los Secretarios Técnicos.

Serán funciones del Consejo asesorar al Fiscal de Estado en el establecimiento de criterios uniformes en materia administrativa y judicial, proponiendo las medidas de coordinación para una mejor defensa de los intereses de la Provincia.

            De las reuniones del Consejo, el Secretario General levantará acta en las que se transcribirán las opiniones fundamentadas de todos los participantes. El criterio sostenido en un dictamen de l Consejo será de paliación obligatoria y no podrá ser modificado sino mediante otro dictamen de igual naturaleza.

 

Artículo 33º. El Contador de Fiscalía de Estado deberá poseer el título de Contador Público Nacional con cuatro (4) años de ejercicio efectivo de la profesión y serán sus funciones la de asesorar en todo asunto de su especialidad cuando le sea requerido, llevar la contabilidad, el estado y las registraciones contables de los ingresos, egresos y liquidaciones que se operen en virtud de los juicios en que intervenga la Fiscalía de Estado. Asesorará y evacuará los informes que le sean requeridos por el personal profesional dependiente de Fiscalía de Estado. La Sección Habilitación de Fiscalía de Estado estará bajo su dependencia directa, contralor y fiscalización.

El Contador de Fiscalía de Estado tendrá a su cargo las compras y suministros de los bienes o servicios que se requieran para lo que deberá ajustar el trámite respectivo a las normas de contrataciones del Estado vigentes.

 

Artículo 34º. El cuerpo de Abogados Asesores estará integrado por quienes con título de Abogado y dos (2) años de ejercicio efectivo de la profesión, sean designados por el Poder Ejecutivo, y cumplirán las funciones que le asigne el superior jerárquicos del que dependan.

Los abogados adscriptos o afectados a Fiscalía de Estado, deberán tener la misma antigüedad profesional exigida que para ser designado Abogado Asesor.

 

Artículo 35º. El personal profesional letrado de los organismos públicos centralizados, descentralizados y autárquicos de la Provincia dependerán administrativamente del organismo donde presten servicios, sin perjuicio de su dependencia de la Fiscalía de Estado desde el punto de vista estrictamente profesional.

            Dichos profesionales deberán elevar en consulta aquellos casos cuya resolución pudiera implicar la fijación de un precedente de interés general para toda la administración o que por la trascendencia de los intereses en juego se halle comprometido el patrimonio fiscal, como así en los supuestos en que su opinión fuera contraria al criterio sustentado por la Fiscalía de Estado, y solicitarán su patrocinio a través de la Dirección de Administración Descentralizada.

 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

 

Artículo 36º. DECLÁRASE en estado de emergencia y sujetas a reestructuración en los términos de la Ley Nº 6.044 y concordantes, a todas las asesorías letradas de la Administración Pública centralizada, descentralizad, autárquica y empresas del estado.

 

Artículo 37º. Los Abogados Asesores pertenecientes en la actualidad a planta permanente de Fiscalía de Estado que no reunieren las condiciones enunciadas en el artículo 34º de la presente Ley, quedarán eximidos de las mismas.

 

Artículo 38º. AUTORIZASE al Fiscal de Estado a celebrar previa resolución fundada, transacciones, conciliaciones y acuerdos que versen sobre créditos que se encuentren en trámite administrativo o judicial y que se hallan alcanzados por las leyes de Emergencia Económica (Ley Provincial Nº 5.808 y Nº 5.986, Ley Nacional Nº 23.982, sus Decretos, modificatorias y prórrogas) y derivados de las reestructuraciones, reformas o privatizaciones dispuestas por la Ley Provincial Nº 6.044.

 

Artículo 39º. La presente Ley es de orden público, y entrará en vigencia al día siguiente de su publicación y se aplicará a todo expediente administrativo y judicial que se encontrara en trámite.

 

Artículo 40º. DERÓGASE Ley Nº 5.467 y toda otra norma que se oponga a la presente ley.

 

Artículo 41º. El Poder Ejecutivo procederá a la reestructuración de créditos del presupuesto general de la administración provincial, y a la adecuación de las plantas funcionales que fuera menester para el adecuado cumplimiento de la  presente ley.

 

Artículo 42º. El Fiscal de Estado propondrá al Poder Ejecutivo la Reglamentación de la  presente ley.

 

Artículo 43º. COMUNÍQUESE, publíquese, regístrese y dése al Boletín Oficial. Cumplido, archívese.

SANTIAGO DEL ESTERO, 08 DE MAYO DE 1995.-